Ejecución

Resolución del contrato

La resolución es la extinción anticipada del contrato público por una causa legal: incumplimiento, demora, concurso, mutuo acuerdo, impago de la Administración o imposibilidad de ejecutarlo, entre otras (art. 211 LCSP). Si es por culpa del contratista, pierde la garantía y responde de los daños que la excedan.

Base legal: arts. 211 a 213 LCSPTexto en el BOE Actualizado el 13 de noviembre de 2026

Un contrato público termina normalmente por cumplimiento. La resolución es la otra vía: una extinción anticipada que solo puede producirse por las causas que fija la ley y que tiene consecuencias económicas importantes para quien la provoca.

Causas de resolución

El artículo 211 de la LCSP enumera, entre otras:

  • Muerte o incapacidad del contratista individual, o extinción de la sociedad (salvo sucesión).
  • Declaración de concurso o de insolvencia.
  • Mutuo acuerdo, solo si no hay otra causa imputable al contratista.
  • Demora del contratista; en todo caso, el retraso injustificado sobre el plan de trabajos superior a un tercio del plazo inicial.
  • Demora en el pago de la Administración superior a seis meses (art. 198.6).
  • Incumplimiento de la obligación principal o de otras obligaciones calificadas como esenciales en el pliego de forma precisa.
  • Imposibilidad de ejecutar en los términos pactados cuando no cabe modificar, o modificaciones que superen el 20 % del precio inicial.
  • Impago de salarios a los trabajadores del contrato o incumplimiento del convenio colectivo.

Quién la acuerda y efectos

La acuerda el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista (art. 212). Sus efectos (art. 213):

  • Por incumplimiento culpable del contratista: se incauta la garantía y además debe indemnizar los daños que excedan de su importe.
  • Por incumplimiento de la Administración: esta paga los daños y perjuicios al contratista.
  • Por imposibilidad de ejecutar o modificaciones superiores al 20 %: el contratista tiene derecho al 3 % del importe de la prestación dejada de realizar, salvo que la causa le sea imputable o rechace una modificación del art. 205.

Qué implica para tu empresa

Una resolución culpable no es solo perder la garantía: puede abrir la vía a una prohibición de contratar. A la inversa, si la Administración no te paga, la ley te permite suspender el contrato con más de cuatro meses de demora y resolverlo con más de seis.

Ejemplo

Una empresa de mantenimiento entra en concurso a mitad de contrato. La Administración puede resolver o, si el interés público lo aconseja, continuar exigiendo garantías adicionales, como una garantía complementaria de al menos el 5 % del precio (art. 212.5).

Errores frecuentes

  • Abandonar la ejecución creyendo que eso «cierra» el contrato: es incumplimiento culpable.
  • No alegar en el expediente de resolución: es el momento de discutir la causa y sus efectos.
  • Ignorar las obligaciones esenciales que el pliego califica como causa de resolución.

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Preguntas frecuentes

¿Cuáles son las causas de resolución de un contrato público?

Las del art. 211 LCSP: muerte o extinción del contratista, concurso, mutuo acuerdo, demora del contratista, demora en el pago de la Administración superior a seis meses, incumplimiento de obligaciones principales o esenciales, imposibilidad de ejecutar, impago de salarios y las específicas de cada tipo de contrato.

¿Qué pasa con la garantía si se resuelve el contrato?

Si la resolución se debe a incumplimiento culpable del contratista, se le incauta la garantía y debe indemnizar los daños que excedan de su importe (art. 213.3 LCSP). El acuerdo de resolución debe pronunciarse expresamente sobre la garantía.

¿Puede el contratista resolver si la Administración no paga?

Sí. Si la demora en el pago supera seis meses, el contratista tiene derecho a resolver el contrato y a ser resarcido de los perjuicios (art. 198.6 LCSP). Con más de cuatro meses de demora puede suspender la ejecución, avisando con un mes de antelación.

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