Concesión de servicios

La concesión de servicios sustituyó en la LCSP de 2017 al antiguo contrato de gestión de servicios públicos. Es la fórmula habitual para cafeterías de edificios públicos, instalaciones deportivas municipales, aparcamientos, transporte urbano o recogida de residuos cuando el contratista asume el riesgo de explotarlos.

Qué es

Según el artículo 15 de la LCSP, uno o varios poderes adjudicadores encomiendan, a título oneroso, la gestión de un servicio de su titularidad o competencia. La contrapartida del concesionario es el derecho a explotar el servicio, o ese derecho acompañado de un precio.

La clave: el riesgo operacional

Lo que separa una concesión de un contrato de servicios no es el nombre que le dé el pliego, sino quién asume el riesgo. El derecho de explotación implica transferir al concesionario un riesgo operacional (arts. 15.2 y 14.4): de demanda, de suministro o de ambos. Existe cuando, en condiciones normales, no está garantizado que recupere las inversiones ni cubra los costes, y la posible pérdida no es meramente nominal.

Si la Administración garantiza los ingresos y paga pase lo que pase, en realidad es un contrato de servicios, aunque se titule «concesión».

Reglas propias

• Retribución: el concesionario cobra según la utilización del servicio, directamente de los usuarios o de la Administración. Esas tarifas son prestaciones patrimoniales públicas no tributarias (art. 289).
• Régimen previo: si es un servicio público, la Administración debe haber aprobado antes su régimen jurídico (art. 284.2). No pueden concederse servicios que impliquen ejercicio de autoridad.
• Duración: limitada y fijada en el pliego. Si supera cinco años, no puede exceder el tiempo razonable para recuperar la inversión con un rendimiento, y en todo caso, prórrogas incluidas, 25 años para servicios no sanitarios o 40 años si incluye ejecución de obras (art. 29.6).
• Umbral SARA: 5.404.000 € de valor estimado (art. 20), como las obras.

Ejemplo

Un ayuntamiento adjudica la gestión de la piscina municipal por 10 años: el adjudicatario cobra las entradas y los abonos y paga un canon. Si la afluencia cae, pierde dinero. Hay riesgo de demanda: es una concesión de servicios. Si el ayuntamiento le pagara una cantidad fija mensual con independencia del uso, sería un contrato de servicios.

Errores frecuentes

• Subestimar el riesgo de demanda y ofertar un canon que la explotación real no soporta.
• No analizar el estudio de viabilidad ni los datos históricos de uso del servicio.
• Confundir la duración con la de un servicio ordinario: los plazos y el valor estimado se calculan sobre toda la explotación.

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En vencimientos puedes ver qué concesiones están cerca de terminar y en planificadas las que los organismos anuncian antes de licitar. Para el análisis del pliego y del estudio de viabilidad, usa IA para analizar pliegos.