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Poder adjudicador

Poder adjudicador es la categoría de entidades del sector público sometidas a las directivas europeas de contratación: las Administraciones Públicas, las fundaciones públicas, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y las entidades creadas para necesidades de interés general no industriales ni mercantiles controladas o financiadas por otro poder adjudicador (art. 3.3 LCSP).

Base legal: art. 3.3 LCSPTexto en el BOE Actualizado el 13 de noviembre de 2026

La LCSP no trata igual a todas las entidades públicas. Distingue tres círculos —sector público, poderes adjudicadores y Administraciones Públicas— y de en cuál esté el comprador dependen el procedimiento, la publicidad y los recursos.

Qué es un poder adjudicador

Según el artículo 3.3 de la LCSP, son poderes adjudicadores:

  • Las Administraciones Públicas.
  • Las fundaciones públicas.
  • Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
  • Las demás entidades con personalidad jurídica propia creadas para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que otro poder adjudicador financie mayoritariamente su actividad, controle su gestión o nombre a más de la mitad de su órgano de administración, dirección o vigilancia.
  • Las asociaciones constituidas por las anteriores.

Las corporaciones de derecho público (art. 3.5) y, en sus contratos SARA, partidos, sindicatos y organizaciones empresariales (art. 3.4) quedan sujetos cuando cumplen esos requisitos.

Los tres círculos

CategoríaEjemplos
Administración PúblicaEstado, comunidades autónomas, ayuntamientos, universidades públicas
Poder adjudicador que no es Administración PúblicaMuchas sociedades mercantiles públicas y fundaciones públicas
Sector público que no es poder adjudicadorEmpresas públicas que actúan en mercado con carácter industrial o mercantil

Por qué importa

  • Regulación armonizada: un contrato solo es SARA si lo adjudica un poder adjudicador (art. 19.1).
  • Naturaleza del contrato: los contratos de un poder adjudicador que no es Administración Pública son privados (art. 26.1.b), aunque su preparación y adjudicación siguen la LCSP.
  • Contratos no SARA: estos poderes adjudicadores aplican el artículo 318: adjudicación directa por debajo de 40.000 € (obras y concesiones) o 15.000 € (servicios y suministros) y, por encima, los procedimientos ordinarios de la ley.
  • Recurso especial: cabe frente a actos de las Administraciones Públicas y de los demás poderes adjudicadores (art. 44).
  • Las entidades del sector público que no son poder adjudicador adjudican con reglas más flexibles (art. 321).

Ejemplo

Una sociedad municipal de aguas licita un servicio de mantenimiento de 250.000 €. Si es poder adjudicador, el contrato es SARA (supera 216.000 €), se publica en el DOUE y cabe recurso especial, aunque el contrato que firmes sea privado.

Errores frecuentes

  • Pensar que una empresa pública contrata «como un privado» y saltarse plazos o requisitos.
  • Aplicar el umbral SARA sin comprobar la naturaleza del comprador.
  • Renunciar a recurrir por creer que solo las Administraciones admiten recurso especial.

Cómo te ayuda LicitaPilot

En licitaciones encontrarás tanto las de Administraciones como las de sociedades y fundaciones públicas, y puedes seguirlas con alertas. Para el marco general, lee el resumen de la LCSP.

Preguntas frecuentes

¿Qué es un poder adjudicador?

Es la categoría de entidades sometidas a las directivas europeas de contratación: Administraciones Públicas, fundaciones públicas, mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y entidades de interés general no industrial ni mercantil financiadas o controladas por otro poder adjudicador (art. 3.3 LCSP).

¿Una empresa pública es poder adjudicador?

Depende. Lo es si fue creada para necesidades de interés general sin carácter industrial o mercantil y otro poder adjudicador la financia mayoritariamente, controla su gestión o nombra a la mayoría de su órgano de dirección.

¿Qué diferencia hay entre poder adjudicador y Administración Pública?

Toda Administración Pública es poder adjudicador, pero no al revés. Los contratos de un poder adjudicador que no es Administración Pública son privados, aunque su adjudicación se rige por la LCSP.

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