Real Decreto-ley 33/2026: la contratación de emergencia por la DANA Adam podrá empezar hasta tres meses después

El Real Decreto-ley 33/2026, de 10 de noviembre, publicado en el BOE del 11 de noviembre de 2026 y en vigor desde el 12 de noviembre, aprueba medidas urgentes por los daños de la DANA Adam: las lluvias e inundaciones de los días 17 a 19 de octubre de 2026, que golpearon sobre todo el sur de Valencia y el norte de Alicante.

Buena parte del decreto son ayudas, crédito y reglas fiscales para ayuntamientos. Pero varias piezas tocan directamente la contratación pública, y en particular la tramitación de emergencia del artículo 120 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP). Esta guía resume qué cambia, a quién afecta y qué significa para las empresas que puedan participar en la reconstrucción.

La regla general: un mes para empezar

La tramitación de emergencia es la excepción más fuerte de la LCSP. Cuando la Administración tiene que actuar de manera inmediata por acontecimientos catastróficos, situaciones de grave peligro o necesidades de defensa nacional, el artículo 120 le permite ordenar la ejecución de lo necesario sin expediente de contratación previo: sin pliegos, sin licitación y sin plazos de presentación de ofertas. El contrato se encarga directamente a una empresa capaz de ejecutarlo.

A cambio, la ley pone límites estrictos. Uno de ellos es el de la letra c) del apartado 1 del artículo 120: el plazo para iniciar la ejecución de las prestaciones no puede superar un mes desde que se acuerda la emergencia. Si se excede, la contratación de esas prestaciones debe tramitarse por el procedimiento ordinario. La lógica es sencilla: si algo puede esperar más de un mes, quizá no era tan urgente.

Qué cambia: hasta tres meses para iniciar la ejecución

La disposición adicional segunda del RDL 33/2026 levanta ese límite de forma acotada. Las actuaciones que:

• hayan sido declaradas de emergencia conforme al artículo 120 de la LCSP,
• en los tres meses siguientes a la entrada en vigor del real decreto-ley (es decir, desde el 12 de noviembre de 2026), y
• para hacer frente a las consecuencias de los fenómenos que contempla la norma,

no estarán sujetas a la letra c) del artículo 120.1. En esos casos, el plazo de inicio de la ejecución podrá extenderse a tres meses desde la aprobación del expediente de emergencia.

La ampliación no es automática: el órgano de contratación deberá justificar la necesidad de ampliar el plazo cuando el inicio supere el mes.

Dos precisiones importantes:

• No se modifica la LCSP con carácter general. El artículo 120 sigue igual para cualquier otra emergencia. La excepción solo vale para las actuaciones vinculadas a la DANA Adam declaradas dentro de esa ventana de tres meses.
• Lo que se amplía es el plazo para empezar, no la duración del contrato ni el resto de garantías del artículo 120 (dar cuenta al Consejo de Ministros o al órgano equivalente, libramiento de fondos a justificar, etc.).

Por qué se amplía el plazo

Las reparaciones tras una inundación de esta magnitud no son una sola obra, sino muchas: limpiar cauces, reconstruir motas, reparar acequias, balsas de riego, caminos y paseos marítimos. Con el plazo ordinario de un mes, la Administración tendría que arrancarlo todo a la vez o renunciar a la vía de emergencia para lo que no pudiera empezar a tiempo. Con tres meses puede secuenciar las intervenciones —primero lo que pone en riesgo vidas o servicios, después lo demás— sin perder la tramitación de emergencia para las fases posteriores.

SEIASA y la reparación de regadíos y caminos agrícolas

El artículo 6 crea un régimen específico para caminos agrícolas de uso público e infraestructuras colectivas de riego dañados entre el 17 y el 19 de octubre de 2026 por la DANA Adam, en zonas donde, según datos de AEMET, las lluvias superaron el criterio de aviso rojo por tormentas.

• Qué cubre: caminos agrícolas de uso público y la limpieza y, si procede, reparación de instalaciones, balsas, acequias y otros sistemas de agua para riego de comunidades de regantes. Quedan fuera los elementos asegurados.
• Quién lo pide: el ayuntamiento o la comunidad de regantes, a través de la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, en un plazo de siete días hábiles improrrogables desde la publicación de la resolución que aprueba el formulario.
• Umbral: solo se atienden daños comprobados con un importe de ejecución material superior a 100.000 euros.
• Quién contrata: la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), que valora los daños, planifica las obras y selecciona la empresa o empresas a contratar, tanto para la obra como para la asistencia técnica a la dirección y la coordinación de seguridad y salud. El decreto dice expresamente que estos contratos tendrán carácter de emergencia conforme al artículo 120 de la LCSP.
• Presupuesto: un crédito extraordinario de 85 millones de euros.

Además, el Consejo de Ministros podrá declarar, de forma motivada, la continuidad de la emergencia si persisten las circunstancias que la justifican.

Cauces, infraestructuras hidráulicas y costa

El decreto abre también la vía de emergencia en otros dos frentes:

• Dominio público hidráulico (artículo 9): las obras de reparación y protección de cauces y de infraestructuras hidráulicas del Estado afectadas por la DANA Adam se podrán tramitar por el procedimiento del artículo 120. Se habilitan créditos de 3 millones de euros para la Confederación Hidrográfica del Júcar y 1,5 millones para la del Segura.
• Dominio público marítimo-terrestre (artículo 10): las obras de reparación y protección de la costa en la zona afectada por el temporal también podrán tramitarse por emergencia, con un crédito de 70 millones de euros.

Encargos profesionales del Consorcio de Compensación de Seguros

La disposición adicional quinta reconoce que concurren las circunstancias de emergencia del artículo 120 para los contratos que necesite el Consorcio de Compensación de Seguros para gestionar las solicitudes de indemnización por los episodios cubiertos por el seguro de riesgos extraordinarios desde el 18 de octubre de 2026. El objetivo, según el preámbulo, es reforzar su capacidad pericial, médica y técnica.

La novedad es que no hace falta asignar todos los encargos profesionales dentro del plazo de un mes cuando la necesidad surge después, como consecuencia directa de una nueva solicitud de indemnización. El Consorcio deberá dar cuenta de la contratación al Consejo de Ministros en un máximo de treinta días desde que termine la gestión de cada siniestralidad.

Qué significa para las empresas

La contratación de emergencia no se licita: no habrá anuncio previo en la Plataforma de Contratación ni plazo para presentar ofertas. El órgano —o SEIASA, en el caso de los regadíos— elige directamente a empresas con capacidad y solvencia para ejecutar de inmediato. Para una empresa de obra civil, hidráulica o servicios técnicos de la zona, eso tiene varias consecuencias prácticas:

1. Hacerse visible antes, no después. Si no hay convocatoria, lo que cuenta es que el órgano te conozca: estar dado de alta en el ROLECE o en el registro autonómico, tener la clasificación al día y una ficha de empresa clara y actualizada.
2. Acreditar capacidad real de respuesta. Medios propios, maquinaria disponible y equipos en la zona pesan más que nunca: es lo que justifica elegir a una empresa en una emergencia.
3. Seguir a los órganos que van a contratar. Las confederaciones hidrográficas del Júcar y del Segura, las demarcaciones de costas, SEIASA y los ayuntamientos afectados son los que concentrarán estos encargos.
4. Estar atento a la segunda fase. Lo que no se tramite por emergencia —o lo que venga después de la reparación inmediata— saldrá por procedimiento ordinario. Ahí sí habrá licitación y pliegos, y llegará antes a quien ya esté vigilando esos organismos.
5. Las adjudicaciones se publican. Aunque no haya licitación previa, los contratos de emergencia deben publicarse una vez formalizados, así que conviene vigilarlos para saber quién está ejecutando y qué volumen se mueve.

Preguntas que conviene resolver con el pliego en la mano

En la tramitación de emergencia no hay pliego, pero sí un encargo con alcance, precio y plazo. Antes de aceptarlo, revisa con tu asesor qué prestaciones incluye, cómo se va a liquidar, qué plazo de inicio se ha fijado (y si el órgano ha justificado la ampliación más allá del mes) y quién asume la dirección de obra. El RDL no cambia las reglas de pago ni de recepción del artículo 120.

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Fuente: Real Decreto-ley 33/2026, de 10 de noviembre, BOE-A-2026-23602, disposiciones adicionales segunda y quinta y artículos 6, 9 y 10. Contenido informativo, no asesoramiento jurídico.